Algo en común tiene este grupo de personas -más de veinte- que, en diversas ocasiones, se reunieron para conversar de lo mismo: cómo fueron estafados por la misma pareja de esposos. La mayoría de ellos, es decir los afectados, son de Moquegua, salvo una colombiana que llegó a la región del presidente Martín Vizcarra en busca de oportunidades de negocios. Muchos de ellos perdieron capitales de inversión que estaban cerca de los cien mil soles tras haber llegado a acuerdos, al final perniciosos, con el ingeniero Adolfo Lindolfo Zeballos Fernández y su esposa Rocío Mabel Ticona Campano. 

En el año 2016, Zeballos Fernández era un importante funcionario del Gobierno Regional de Moquegua. Su pareja, Ticona Campano, cuentan los afectados -quienes, la mayoría, prefirieron que sus nombres no figuren en esta nota-, era una presunta proveedora de bienes y de servicios al Estado. Para ese año, el señor Adolfo Lindolfo, exsubgerente de acondicionamiento territorial, ya era bastante conocido en la región por haber sido declarado persona no grata por los agricultores de Tumilaca en el 2010, al mostrarse a favor de la explotación minera en esa zona cuando era gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, además de haber “vendido sus terrenos” a Anglo American Quellaveco.

Era setiembre de 2016 y un empresario moqueguano y su socia decidieron aceptar la oferta de Rocío Ticona para entregar un monto de inversión de casi doce mil soles para proveer estiércol y humus de lombriz a la región. Ticona Campano pidió que se hiciera el depósito del dinero a la supuesta proveedora de los productos, en este caso Ruth Irene Tito Tito. El negocio era redondo: la reventa de dicho producto al Estado generaría una utilidad, en tan solo quince días, del triple de lo invertido. Pasaron, no obstante, las semanas tras dicha transacción, de haberse emitido órdenes de compras las cuales la web del Ministerio de Economía no mostraba, y entonces llegó el mes de enero de 2017 y ambos empresarios tenían razón para estar mucho más que descontentos: su dinero desapareció entre respuestas insatisfactorias de Zeballos y Ticona, promesas de devolución y un falso negocio que, desde el inicio, fue humo.

Rocío Ticona, en enero de ese mismo año, les ofreció pagarles todo lo que les debían a ambos. Ella se reunió con uno de los afectados, uno de los dos socios, para que este firme unos cheques con los que pretendía devolver todo el dinero invertido, así le dijo. Así pasó y, una vez llevados los cheques al banco, sus funcionarios le comunicaron a uno de los empresarios que estos cheques que presentaba, no tenían fondos. Con la constancia del banco de poseer estos cheques, de un documento de compromiso de pago de parte de Ticona, los empresarios los denunciaron ante el Ministerio Público.

También en el 2016, una empresaria extranjera, de nombre Claudia Flórez, invirtió un monto que rayaba con los 193,000 soles. Se trataba pues de una oferta de Rocío Ticona para proveer a Moquegua de diversos implementos, herramientas y abonos: la misma modalidad de órdenes de compras adulteradas, de depositar en la cuenta de Ruth Tito, etc. Tras el depósito, Adolfo Zeballos movilizaba por diversas partes de la región en su automóvil a Flórez mientras le contaba sobre la posibilidad de hacer futuros negocios si se asociaba con él para suministrar equipos de protección de personal de minas. Mas pasaron los días, y con ello creció la angustia en torno a lo que ocurrió con el dinero. La empresaria le exigió a Zeballos Fernández que le devolviera lo que ella, junto con sus otros asociados, le dieron. Él prometió que lo haría. Mas nunca lo hizo y el monto así se evaporó.

¿Y qué pasos siguieron las demás personas que contaron su experiencia para esta nota y que también fueron estafados? Muchos decidieron no denunciar a la pareja, quienes en el 2016 trabajaban junto con otras personas, porque o no tenían pruebas, o porque pensaron que podían resolverlo insistiendo de forma personal, o porque algunos son actualmente funcionarios estatales y evitaron judicializar estos casos. Estas personas que prefirieron que sus nombres no aparezcan aquí, prestaron montos equivalentes a, por ejemplo, setenta mil soles, veintitres mil soles y hasta hace poco, según cuenta uno de ellos, otra persona que él conocía realizó un préstamo de ochenta mil soles a la misma pareja. Otros, no quisieron dar declaraciones cuando se les preguntó sobre la red de Zeballos Fernández y Rocío Ticona y cómo ellos habían sido afectados.

El fastidio, la indignación y en algunos la resignación tras confiar y haber puesto tanto dinero en juego con el fin de recuperarlo y que este jamás sea devuelto eran los sentimientos que establecían el tono con que narraban sus experiencias los entrevistados. Uno de ellos especuló que, quizá, con ese dinero robado posiblemente se hayan comprado maquinarias y puestos a nombre de diferentes personas. Quién podría saberlo.

Adolfo Zeballos pertenece al Colegio de Ingenieros del Perú y ha sido el asambleísta departamental por Moquegua de dicho colegio de profesionales entre los años 2016 y 2018. Actualmente es denunciado por estafa agravada y falsificación de documentos. Su caso se ve en la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Este martes 23 de abril se realizará una audiencia pública para seguir revisando los elementos probatorios que corroborarían la red de estafas que el señor junto a su esposa tenían presuntamente construida.