no está satisfecha

Con amenazas: asháninkas del Ene vuelven a estar en la mira de los taladores ilegales

Recuperar el terreno invadido de Meantari, en Junín, no ha significado tranquilidad para algunas comunidades nativas de la cuenca del río Ene.

Publicado: 2017-10-10

Desde que en abril de este año, distintos integrantes de los comités de autodefensa de las comunidades asháninkas de la cuenca del río Ene lograran recuperar el terreno violentamente invadido de Meantari por taladores en febrero, los hostigamientos no han cesado desde entonces. 

Así lo viene denunciando la Central Asháninka del Río Ene (CARE), a través de su presidente Ángel Pedro Valerio, quien es uno de los que ha venido recibiendo amenazas indirectas por haberse involucrado en la defensa del territorio ocupado. Asimismo, el jefe de la comunidad de San Ene, Teófilo Oré, desde donde se han adjudicado la tarea de defender a las familias de Meantari -asignados ya en otro sector- es otro de los hostigados.

Esto fue lo que reportó CARE en agosto de este año a propósito de estos amedrentamientos:

"Un grupo de colonos llegaron a la comunidad nativa Alto Tabecharo, anexo de la comunidad nativa Potsoteni, y mostraron fotografías de autoridades comunales, entre ellos del presidente de CARE, quien a su vez es sub jefe de Potsoteni, y del jefe Walter Pishirovanti. Estos colonos exigían información sobre ellos y vociferaban frases como: “ahora ya sabemos quiénes son”, “se metieron con nuestra familia”, “ustedes ayudaron a Meantari”".

A principios de setiembre, el comité de autodefensa de San Ene detectó, en Alto Mapitunuari, una pinta presuntamente escrita por el Partido Comunista Peruano- Ejército Popular Revolucionario (PCP-EPR), en el que se lee: "Hermanos campesinos, este lugar no está permitido ingresar. Retírense de esta zona. Guerra avisada no mata gente. PCP, EPR".

alto mapitunuari, a unos minutos del antiguo meantari.

Este mensaje está escrito a solo cinco minutos del puente que conducía al antiguo asentamientoinvadido por taladores. Escrito o no por Sendero Luminoso, este mensaje nos habla de una variante de la violencia que han venido experimentando algunas comunidades nativas en estos últimos años; por ejemplo, con el asesinato de importantes líderes asháninkas opositores a la tala, en mano de sicarios contratados por taladores.

Estos amedrentamientos son una suerte de reminiscencia de cómo el terrorismo procedió entre los años ochenta y una parte de los noventa en la cuenca del río Ene, cuando llegó a ser una zona liberada y repleta de trágicas historias de 'ajusticiamientos'.

Y así lo recuerdan los ronderos y así lo rememoran muy bien los ancianos de las comunidades asháninkas, quienes en un periodo de aparente paz como lo son estos años, debido a la tala ilegal y el narcotráfico saben que no se ha llegado a un cierre completo al periodo de violencia que tuvieron que padecer. La zona de tránsito de los narcoterroristas, según los ronderos de San Ene, solo está a unas horas de sus comunidades, hacia el sur.

Catungo Quempiri es una de las comunidades que también está empezando a padecer los impactos de la tala ilegal.

En este momento hay dos casos que se encuentran en investigación por el Ministerio Público. Uno es por tala ilegal, tras la denuncia de CARE y la junta directiva de la comunidad de Meantari contra Abraham Taguada Palma, quien, según comuneros, habría reclamado la posesión de la madera aserrada que aún se encuentra cerca del lugar del desalojo de febrero -zona en la que de acuerdo a Serfor no hay título habilitante para la extracción de madera-.

Esta investigación se encuentra estancada debido a que el fiscal en materia ambiental, Julio Dávila Puño, aún no ingresa a la zona para reportar el recurso maderero decomisado por Serfor. De acuerdo a la asesora legal de CARE, Irupé Cañari, los argumentos de este fiscal para no ingresar al sector es que es zona roja y que él no puede exponerse a una zona de ese tipo, en donde el narcotráfico está activo.

abraham taguada palma, el denunciado

Por otro lado, existe otra denuncia interpuesta por CARE y la junta directiva de Meantari por usurpación y daño agravado contra algunos integrantes de la asociación Nuevo Luren, quienes habrían sido contratados por Taguada Palma para la explotación de recurso forestal de forma ilícita.

Otra de las preocupaciones de los asháninkas de esta parte de la selva central en Junín es que una parte de la migración de la sierra a la selva también es responsable del aumento del narcotráfico en esa parte de Satipo. Como lo decía la líder asháninka Ruth Buendía, premio Goldman y premio Bartolomé de las Casas, allí donde hay plantaciones de hoja de coca, un poco más allá habrá una poza de maceración que contaminará los ríos usados por los indígenas de la zona para su alimentación y cuidado en general.

Una de las medidas que han tomado las dos comunidades por las que hay transitar para llegar a Meantari, es decir Yaviro y San Ene, es que se ha prohibido el ingreso de colonos más allá de Yaviro, que es la comunidad que está ubicada más cerca al río Ene, y la que se encuentra frente al centro poblado de Villa Esmeralda, donde se encuentra la base militar con el mismo nombre. Es importante mencionar que en Meantari viven muchos familiares de los indígenas de San Ene y de Yaviro.

Con retrocargas y cartuchos de 16 milímetros, que algunas veces usan para la caza, los comités de autodefensa hacen el trabajo del ejército, por caminos de poco tránsito, salvo para el uso de supervivencia de las comunidades nativas aledañas, que deben ser repasados con machete cada cierto tiempo para que la espesura de esta selva no cierre los pasos.

"Sentimos que el Ejército no son aliados de nosotros. Ellos hacen sus operaciones y patrullajes, pero cuando llegan a una comunidad no coordinan con el comité de autodefensa", dice Ángel Pedro Valerio. "El ejército no debe decir que nosotros estamos involucrados con Sendero Luminoso. Al contrario, el Ejército mismo nos ha preparado para luchar contra él. El Ejército debe confiar en nosotros". Coordinación y confianza piden, dos rasgos que hablan de la concepción del buen vivir asháninka, de su kametsa asaike.

a media hora de camino del antiguo asentamiento de meantari, parte de la ronda de vigilancia.

Hay un hecho que explica muy bien esta relación en bastantes oportunidades tensa entre los comités de autodefensa y las fuerzas armadas, y es aquel que fue denunciado a principios de julio de este año. Diez ronderos de la comunidad nativa de Coriri (ubicada al margen izquierda del río Ene en el distrito de Pangoa, Junín) fueron detenidos por el Ejército mientras realizaban labores de vigilancia el 11 julio y sometidos a tratos violentos. Ese grupo del ejército creyó que ellos podían saber dónde o cómo se podían ubicar a los narcoterroristas de la zona. Bajo esa premisa, retuvieron a estos 10 asháninkas y los sometieron a interrogatorios absurdos, los dejaron sin comer todo un día y los tildaron a algunos de terrucos.

Este caso expresa no solo la concepción de un sector del ejército en relación a los indígenas, que es tenerles desconfianza en materia de lucha antisubversiva, sino al mal trabajo que realizan en algunas ocasiones. Y es que el incidente ocurrió porque estos diez ronderos encontraron las marcas de las botas de esta unidad militar durante su ronda; los ronderos siguieron el rastro de estas, como parte de su labor de vigilancia, para saber de qué o quiénes se trataba, y hallaron a este comando dormido, según cuentan algunos de ellos. Ellos mismos se preguntan 'cómo pueden estar todos dormidos en una zona de emergencia'. Los asháninkas los despertaron, comunicaron quiénes eran y, sin embargo, ese comando procedió como ya es conocido. Algunos ronderos creen que si no se hubiesen escapado dos de sus hermanos de las manos de ese pequeño grupo del ejército y denunciaran el hecho, lo más probable es que hubiesen sido asesinados y 'vendidos' como un logro en la batalla contra el terrorismo.

Lo cierto es que los comités de autodefensa esperan poder trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas. En algunas ocasiones llevan sus retrocargas averiadas para que sean revisadas por el equipo técnico de las bases militares. Y cuando ocurre un incidente irregular suelen comunicárselos a ellas también.

Mientras estas cosas pasan, la comunidad Meantari está ya tramitando la titulación de sus tierras para ostentar la propiedad de los territorios que fueron invadidos. El gobierno regional de Junín ya reconoció que Meantari es territorio indígena, sin embargo falta la formalización. Meantari fue una de las tantas comunidades Asháninka impactadas por el terrorismo. Esta vez, haber huido de una amenaza armada, en el 2017, tiene otro nombre y es una amenaza presente en todo la selva del país.


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